Como presupuesto de partida, se asume que existe un derecho a la vida y un derecho a la salud y a la integridad física, bienes jurídicos que son constitucionalmente tutelados, y que en la mayoría de las constituciones políticas de países totalmente democráticos, aparecen en primeros renglones como derechos inalienables e inviolables
Estos bienes pueden o no interaccionar entre sí, por ejemplo, vinculando la muerte al bien salud, como la evolución en continuidad de la integridad física lesionada.
En este sentido, el fallecimiento se plantearía como su reflejo más importante, la mayor ofensa posible de este bien protegido.
No se estima así por las cortes constitucionales ni por los estados de derecho alguna estancia, que separe estos dos aspectos no pudiéndose relacionar la muerte con el bien salud.En este sentido, en el momento de su muerte, el sujeto ha cesado de existir y, por ende, no puede probar ningún perjuicio. En consecuencia, si la víctima no puede adquirir el crédito resarcitorio, tampoco puede transmitirlo a los herederos.
Las Cortes Supremas se pronuncian no solo sobre la falta de legitimación activa por parte de los herederos sino, también, sobre la imposibilidad de adquirir un verdadero derecho por parte del fallecido. Por ello, el bien vida debe ser protegido solamente durante su existencia y hasta su cese, afirmándose que: “la muerte, por lo tanto, no representa la máxima ofensa posible del diferente bien ‘salud’, perjudicado por la lesión que ha generado la muerte”.
La Corte resucita el argumento epicúreo expresado en la carta a Meceneo, por la cual se expresaba que hay que ser feliz, ya que la muerte no puede temerse: “el más estremecedor de los males, la muerte, no es nada para nosotros, ya que mientras nosotros somos, la muerte no está presente y cuando la muerte está presente, entonces nosotros no somos. No existe, pues, ni para los vivos ni para los muertos, pues para aquéllos todavía no es, y éstos ya no son”.
Fragmento
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